El drenaje es de esos temas que las direcciones jurídicas de las empresas no suelen revisar. Generalmente le tocan al área de desarrollo o de operación, y se toman en cuenta hasta que hay un problema enfrente. Mientras la operación funciona, nadie pregunta qué pasa con el agua que se utiliza, cómo se descarga, o si se necesita autorización o pago de cantidad alguna. La conexión al drenaje es, para la mayoría de las empresas, un trámite que se resolvió hace años y que ya no vuelve a mirarse.
Hasta que el organismo operador llega.
Cuando eso ocurre, el patrón se repite con pocas variaciones. Primero se inicia una visita. Después viene un requerimiento verbal acompañado de una amenaza. Al final, una cifra que hay que pagar de inmediato para evitar el corte del servicio. La empresa entra en modo reactivo justo cuando menos margen de maniobra tiene, porque la presión operativa —no cortar el agua, no detener la planta, no dejar sin servicio al desarrollo— empuja a resolver rápido en lugar de resolver bien.
Este artículo explica, en formato de preguntas y respuestas, qué hace válido este cobro, qué debe cumplir la visita de inspección que lo precede, y qué puede hacer tu empresa cuando el organismo operador se salta esos requisitos.
¿Qué es el cobro por conexión y descarga a drenaje?
Es el pago que un organismo operador de agua exige a una empresa por conectarse a la red de drenaje municipal y descargar en ella. Este artículo trata el caso en que la descarga se realiza en drenaje local —casi siempre municipal— y no en cuerpos cuya vigilancia compete a la CONAGUA, como el mar o las barrancas.
En la práctica, el cobro no siempre llega acompañado de un documento que lo sustente. Es común que el organismo presente una hoja de cálculo o un texto simple con cifras que, se estima, son debidas por la empresa, sin que exista de por medio un acto administrativo formal.
¿Por qué se le llama “derecho” y no “precio” o “tarifa”?
Porque el sistema fiscal mexicano clasifica los derechos como una contribución, de la misma familia que los impuestos. La Ley del Agua para el Estado de Puebla, en su Título Séptimo, dedicado a las contribuciones por servicios hídricos, señala que los usuarios están obligados al pago de los derechos correspondientes por la prestación de diversos servicios hídricos, entre ellos, la conexión de descarga a drenaje.
Esta clasificación tiene una consecuencia directa: el cobro no puede fijarse como si el organismo vendiera un servicio comercial. Debe cumplir los mismos principios constitucionales que cualquier otra contribución: legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.
¿Cómo debe calcularse este derecho?
La ley exige una base objetiva de medición, no una estimación hecha al momento de la visita. La misma Ley del Agua para el Estado de Puebla señala que los derechos se determinarán en razón al uso al que se destinan los servicios públicos, atendiendo a criterios de proporcionalidad y equidad tributarias.
De forma más concreta, establece que cuando solo se prestan los servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento, el cobro se realizará con base en el volumen por metro cúbico registrado en el dispositivo de medición de descargas. Una cifra estimada durante una inspección, sin sustento en ese registro, no cumple este requisito legal.
¿Qué patrón siguen los organismos operadores cuando cobran de forma irregular?
El patrón se repite en tres etapas: primero, una visita de inspección; después, un requerimiento verbal acompañado de una amenaza de corte de servicio; al final, una cifra que se exige pagar de inmediato para evitar el corte.
Hemos documentado esta misma dinámica en desarrollos habitacionales, hoteleros y comerciales en Puebla, Baja California Sur, Querétaro, Tabasco y otras entidades, en los que se pretenden cobrar tarifas de alcantarillado o derechos de conexión cuya determinación no resiste revisión. En todas ellas, se inició la visita, se llamó a la empresa a las oficinas del organismo, y la exigencia de pago llegó antes que cualquier documento que la sustentara. Las entidades federativas son distintas, el nombre del organismo cambia, pero el proceder es el mismo: se cobra sin calcular debidamente y sin emitir un acto fundado y motivado en el que se señalen los montos por pagar.
¿Qué requisitos debe cumplir una visita de inspección para ser válida?
La Ley del Agua dedica un título completo a la inspección y vigilancia, y fija como condición necesaria para su inicio que se haga mediante oficio fundado y motivado, emitido por el servidor público competente. Esta exigencia no es solo legal, es constitucional, porque se trata de una visita destinada a comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa.
Ese oficio funciona como orden de visita y debe identificar:
- El lugar donde se practicará la diligencia.
- La persona o empresa visitada.
- El personal autorizado para practicar la visita.
- El objeto concreto de la visita.
Durante el desarrollo de la diligencia, la ley exige además que los visitadores se identifiquen, que se reconozca el derecho del visitado a nombrar testigos, y que se levante un acta circunstanciada que documente lo encontrado.
¿Qué debe pasar entre la visita y el cobro para que este sea exigible?
Debe existir una secuencia legal completa. El cobro solo procede cuando, como resultado de la visita, se observan hechos o actos que constituyan una infracción a las disposiciones fiscales, y a partir de ahí se determinan las contribuciones omitidas y, en su caso, las sanciones aplicables.
Para llegar a ese punto, la ley exige: un acta que haga constar los hechos u omisiones observados, la oportunidad para que la empresa pruebe en su favor, y solo al término de ese procedimiento, una resolución fundada y motivada. Sin esa resolución, no hay crédito fiscal exigible, sin importar cuántas veces se repita la exigencia de pago verbal.
¿Puede una empresa defenderse si no existe un acto formal de por medio?
Sí. La reacción más común de las empresas frente a este tipo de cobros es pagar sin cuestionar a la autoridad, bajo la idea de que si no hay una resolución formal, no es posible defenderse. Esa idea es incorrecta.
La ausencia del acto no deja a la empresa sin defensa: puede exigir que el organismo produzca el acto que la ley le obliga a emitir antes de cobrar, y cuestionar esa actuación una vez que le sea notificada.
¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre los cobros de agua y drenaje?
El criterio no es exclusivo de una entidad. La Suprema Corte ha sostenido, en jurisprudencia aplicable a los derechos por servicios en general, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, y que los derechos —a diferencia de los impuestos— deben calcularse atendiendo ordinariamente el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio.
En el mismo sentido, la Corte ha calificado como inconstitucionales las cuotas de agua y drenaje fijadas por categorías indeterminadas, sin parámetros objetivos de medición. Este criterio es relevante más allá de Puebla: aplica en la lógica general con la que deben calcularse los derechos por servicios en cualquier entidad federativa.
¿Los organismos operadores actúan como autoridad cuando cobran?
Sí. Existen criterios de diversos tribunales colegiados en el sentido de que la liquidación de un derecho por consumo o por servicios relacionados con agua potable y alcantarillado es un acto de autoridad, en ejercicio de facultades de imperio. Esto significa que, cuando el organismo determina las cantidades debidas por concepto de derechos, actúa como autoridad fiscal y no como un simple proveedor de servicios. Esta distinción es la que permite impugnar su actuación por las vías administrativas y jurisdiccionales aplicables.
¿Qué debe hacer una empresa frente a una visita o cobro irregular?
Frente a este patrón, consideramos necesario exigir a los organismos operadores que concluyan sus visitas y determinen las contribuciones debidas, aplicando las disposiciones que para tal efecto contienen las leyes de cada entidad federativa. Mientras eso ocurre, recomendamos tres acciones concretas:
- Conservar toda la documentación. Guardar copia del oficio u orden de visita, así como de cualquier acta o documento que el organismo entregue durante el desarrollo de la visita.
- No pagar contra una exigencia verbal. En la medida de lo posible, no debe pagarse contra la simple exigencia verbal que no esté respaldada por un acto formal.
- Buscar la suspensión del corte. Si el organismo amenaza con cortar el servicio sin haber emitido una resolución, es necesario acudir a un medio de defensa que permita obtener la suspensión del corte, con el fin de obligar al organismo a determinar debidamente las cantidades a cargo de la empresa.
Si el organismo ya emitió una resolución, ¿qué medio de defensa aplica?
Depende de dónde esté el vicio:
- Si la resolución está mal fundada: procede el recurso administrativo o el juicio de nulidad que corresponda en la entidad federativa.
- Si la resolución está fundada, pero la tarifa aplicada es inconstitucional —por no cumplir los principios de legalidad, equidad o proporcionalidad tributaria— debe analizarse la procedencia de una demanda de amparo indirecto.
Elegir la vía correcta depende del contenido específico del acto, por lo que conviene revisarlo con detalle antes de decidir el medio de impugnación.
Caso de estudio: Puebla capital
Tomamos Puebla capital como caso de estudio, no porque el fenómeno sea exclusivo de esa plaza, sino porque hemos visto que este comportamiento ahí es reiterado, y porque su marco normativo permite mostrar con precisión el argumento. Sin embargo, este mismo proceder —casi con la misma posibilidad de defensa y los mismos argumentos— lo hemos visto, cuando menos, en media docena de ciudades importantes, también de forma recurrente.
La Ley del Agua para el Estado de Puebla es clara en tres puntos que hacen operativo este argumento: clasifica el cobro como un derecho, sujeto a los principios tributarios constitucionales; exige una base objetiva de medición (el volumen registrado en el dispositivo de descargas); y condiciona el inicio de cualquier visita a la existencia de un oficio fundado y motivado. Estos tres elementos, tomados juntos, son los que permiten cuestionar un cobro que se presenta sin sustento documental.
¿Tu empresa está pasando por esto?
Si llegaste hasta aquí, es probable que no sea por curiosidad. Quizás tu empresa ya recibió una visita, un requerimiento verbal, o una cifra que exigen pagar sin que exista de por medio un acto que lo sustente. Antes de pagar o de impugnar, conviene resolver lo siguiente:
- ¿Recibiste un oficio fundado y motivado antes de la visita, o solo se presentaron? Si no hubo oficio, la visita en sí misma es cuestionable.
- ¿Te entregaron una resolución por escrito, o solo una cifra verbal o en una hoja de cálculo? Sin resolución fundada y motivada, no hay crédito fiscal exigible.
- ¿La cantidad se calculó con base en el volumen registrado en tu dispositivo de medición, o fue una estimación? Una estimación sin ese sustento no cumple con lo que exige la ley.
- ¿Ya te amenazaron con el corte del servicio? Existe una vía para suspenderlo mientras se obliga al organismo a determinar correctamente las cantidades.
Un cobro por conexión o descarga a drenaje es válido solo cuando existe una contribución calculada sobre una base objetiva, precedida por un acto de autoridad debidamente fundado y motivado. Si el organismo se saltó ese acto, o si el acto existe pero está mal sustentado, tu empresa tiene manera de defenderse.
Comunícate con nosotros y agendemos una primera llamada sin costo, en la que te ayudamos a interpretar qué es exactamente lo que tienes frente a ti y cuál es la vía que corresponde.
